Opinión – El imperativo ético de terminar con la desescolarización

Por: Marcelo Javier González Cabezas / Periodista

En el marco de la Educación y de los cambios propuestos en esa área, hay un tema muy relevante, que a veces es olvidado. Se trata de los niños, niñas y adolescentes (NNA) que están fuera de los colegios, quienes de acuerdo a datos oficiales bordean los 36 mil en la Región Metropolitana. Y una décima parte de ellos presenta algún tipo de discapacidad física, mental o bien ambas.

Son personas de entre 6 y 18 años que no están matriculadas en establecimientos educacionales, y la mayoría se ubica en el tope etario superior, entre los 15 y los 18 años. En ese grupo predominan los varones por sobre las damas.

Una cifra alta, y que coincide con la existencia de hogares vulnerables. Sí, porque el 73% de estos NNA proviene del 40% más vulnerable de la población metropolitana. Es más, el 9,2% de las casas con no matriculados presenta más de un caso en esta situación.

Las tres comunas que concentran la mayor cantidad de población excluida del sistema escolar en la Región Metropolitana son Puente Alto (7,4%), Maipú (5,8%) y San Bernardo (5,4%,), que en conjunto concentran el 18,7% de los casos. Siguen La Pintana (4,5%) Pudahuel (4,1%) y Santiago (4,1%).
Para mejorar esta realidad, hay varias entidades, tanto públicas como privadas, que están aunando esfuerzos desde hace tiempo.

Son organismos de Gobierno y Fundaciones, como Súmate del Hogar de Cristo, los que trabajan a diario con mucho ahínco (y a veces con pocos recursos) para lograr que un porcentaje significativo de los NNA desescolarizados puedan entrar o volver a las aulas.

Un paso adelante lo da el hecho de que cinco mil de los NNA desescolarizados de la Región Metropolitana están inscritos para dar exámenes libres, y 600 se encuentran insertos en la modalidad flexible.

Devolver a estos NNA a las salas y evitarles la tentación de caer en la delincuencia, se aúna con un dato que puede sonar muy duro y frío, pero que en esta discusión tiene peso: el costo monetario de hacer regresar al colegio a estos chicos y chicas ronda los 250 mil pesos mensuales, mientras que lo que el Estado gasta cada treinta días en mantener a un preso se eleva por sobre los 600 mil pesos.

Sin embargo, más allá del dinero en juego no hay que omitir el imperativo ético que obliga a abordar este problema, que para muchos está escondido pero que existe y no es posible mantenerlo en su actual estado, con miles de NNA hipotecando su futuro por sus inasistencias a la escuela.

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