Opinión – Ley de identidad de género

Por: Sofía Reyes / Estudiante Periodismo – Universidad Central

Históricamente ha existido la duda sobre qué está primero, si la ley motiva determinados hechos sociales o si es al revés. Es muy difícil determinar qué promueve a qué, entrando así en una lógica conocida de “¿qué fue primero, si el huevo o la gallina? Ahora bien, se tiende a pensar que, en general, sobre todo en Chile, las leyes responden a tratados o convenios internacionales a los que adscribe el país. Así, presiones externas son las que hacen que nuevas legislaciones se acepten.

Por ejemplo, las legislaciones relacionadas al género en el país, en particular en el tema de la violencia, se encuadran bajo la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, “Convención de Belem Do Para”. Esta, realizada en Brasil de 1994, es la primera instancia concreta para desarrollar mecanismos de protección y defensa de los derechos transgredidos por la violencia de género. Como históricamente el género masculino es el que ha estado por sobre el femenino, vinculado a situaciones de abuso, se tiende a considerar la violencia contra la mujer como sinónimo de violencia de género, y por lo mismo las legislaciones asumen dicha definición.

Para el caso de la ley de identidad de género, que es lo que nos compete hoy, la discusión aún no está ni cerca de cerrarse. El proyecto de ley permitiría dar fin a todas aquellas situaciones de discriminación y exclusión dadas por actos que atenten contra la identidad de género, permitiéndole a las personas vivir conforme con esta, sobre todo en casos en que existe una incongruencia entre el sexo asignado y quien eres. El objeto de este proyecto es estipular una regulación en torno al tema, siempre en la conformidad con nuestras disposiciones constitucionales, además de normas internacionales básicas de igualdad, no discriminación, derecho a la identidad y protección general de la dignidad humana. Si se aprobara esta ley en el país, toda persona podría cambiar su inscripción de sexo y nombre en el registro civil.

Ahora bien, en Chile últimamente hemos sido testigos de diferentes situaciones frente a las cuales se hace necesaria una legislación en materia de género, porque se han visibilizado situaciones concretas contra la dignidad de personas y víctimas. De este modo, nuestro país se ha abierto a una ampliación de la identidad de género, que se traduce en la posibilidad de considerar “otros géneros”, a conversar sobre el asunto y a legislar también. Cada día vemos más en nuestra cotidianidad expresiones de género, en nuestra prensa se conversa más el tema y nuestras autoridades lo reconocen y se involucran en su discusión. Convivimos hoy en un Chile con muchas identidades de género.

Nos volvemos a encontrar con la disyuntiva, ¿Chile vivió una transformación social que obligó a generar una legislación en el tema, o la idea de legislar fue la que aportó al despertar de nuestra sociedad? Probablemente fue una relación recíproca, y así lo sigue siendo. Las leyes y las transformaciones sociales tienden a ir de la mano, a retroalimentarse y ser un aporte en un cambio social concreto. En este caso, para transformar a Chile en un país más inclusivo, respetuoso, derribando el paradigma de la heteronormatividad, y contribuyendo a la democracia.

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