Sebastián Pavlovic
Académico Facultad de Salud, U. Central

La semana pasada fue noticia el fallo de la Corte Suprema que obligó al Estado a costear el tratamiento para un paciente diagnosticado de atrofia muscular espinal (AME), cuyo valor asciende a $500 millones anuales. Los magistrados, en su argumentación, señalaron que el derecho a la vida y a la integridad física estaba por sobre los recursos en materia de salud pública.

Este polémico fallo, coincidentemente, se produce cuando estamos prontos a cumplir tres años desde la aprobación de la Ley Ricarte Soto, que busca asegurar el tratamiento para enfermedades de alto costo. Actualmente, la Ley 20.850 otorga cobertura a 18 patologías, entre las cuales no está la AME, razón por la cual la familia del menor afectado interpuso este recurso de protección que fue acogido.

Recordemos que la Ley Ricarte Soto (LRS) vino a dar solución a la problemática de los tratamientos de alto costo, generando un manto de protección a la ciudadanía en esta materia, a través de rigurosos criterios de control que definen tratamientos y medicamentos.

Dado que la LRS constituye el marco institucional para otorgar tratamientos costosos, resulta complejo, sino contradictorio, que los tribunales tomen decisiones fuera de éste. Además, la Ley 20.850 ha venido a insertarse en un contexto de diseño de políticas públicas, donde han participado la sociedad civil y diversos expertos, luego de largos procesos de reflexión y discusión, para dar vida al marco legal hoy vigente.

Es por ello que este fallo junto con saltarse la institucionalidad –siempre perfectible-, que tomó tanto tiempo lograr, asume una decisión médica y de política pública por quienes no tienen la información técnica ni especializada para abordarla adecuadamente o hacerse cargo de sus implicancias sistémicas.
Entendiendo el beneficio de este paciente en particular y el derecho de sus padres de procurar su mejoría, lo cierto es que la judicialización de problemas del ámbito de la salud pone en riesgo la sostenibilidad y la equidad del sistema, considerando que el presupuesto fiscal para el financiamiento de tratamientos de alto costo alcanza sólo los $83 mil millones para 2019.

Chile no es el único país que está enfrentando este fenómeno a nivel regional. Colombia, Costa Rica, Brasil, Uruguay y Argentina se encuentran enfrentando recursos similares por fármacos de alto costo, a niveles notoriamente superiores a los nacionales. Tendencia que en Chile podría repetirse, haciendo tambalear nuestro sistema.