La policía peruana impide el paso a los miembros del Congreso disuelto por el presidente Martín Vizcarra, en reconocimiento al vigor de la medida y el poder del mandatario, disputado por los parlamentarios que anunciaron su “suspensión temporal”. Aunque el Congreso fue disuelto, la Constitución indica que se mantiene el funcionamiento de la llamada “Comisión Permanente”, la mayoría de ellos opositores.

En la víspera, las autoridades policiales, junto a altos mandos militares, habían manifestado su respaldo a Martín Vizcarra. La expectativa por el futuro de los legisladores está marcada por la próxima declaración Jorge Barata, ex ejecutivo de la constructora Odebrecht en Perú. Este, en el marco de la colaboración judicial, tenía planeado revelar las identidades de decenas de congresistas que recibieron aportes de campaña irregulares.